Las primeras cooperativas argentinas estuvieron asociadas con la llegada de inmigrantes europeos que traían consigo las ideas de la solidaridad, la cooperación y el mutualismo, y otras visiones revolucionarias para la época como las ideas socialistas y anarquistas. Movidos por la necesidad de organizarse y subsistir se agruparon en organizaciones comunitarias, como las cooperativas, mutuales, sociedades de fomento,
sindicatos. Alternativas colectivas que les permitían concretar objetivos económicos, sociales y culturales comunes; frente al implacable avance de un sistema capitalista que ya mostraba su lógica de exclusión, propia de una sociedad basada en el individualismo.
Desde sus inicios el movimiento cooperativo luchó por afianzar sus entidades, darles el marco normativo apropiado y, principalmente, por enseñar y propiciar desde la escuela un sistema económico y social cuyo principal objeto es la dignidad del hombre, la vida en libertad y democracia y el desarrollo armónico y sustentable de los pueblos.

A partir de 1910 comenzaron a organizarse encuentros entre las cooperativas que por entonces se distribuían en el país, con los objetivos de intercambiar experiencias, comparar estatutos sociales, y coordinar iniciativas comerciales conjuntas. El movimiento comenzaba a mostrar sus primeras señales de organización y aglutinamiento. Este factor, entre otros, fomentó un contexto favorable para discutir y promover la creación de proyectos de ley que formalizaran la actividad. De este modo, la primera Ley Argentina de cooperativas se promulgó el 10 de diciembre de 1926 y se llamó Ley General de Cooperativas Nº 11.388 creada por una comisión encabezada por Mario Bravo. Uno de los proyectos en
que se basó la nueva legislación, había sido presentado en el año 1923 por el dirigente Juan B. Justo, quien es considerado uno de los principales impulsores del cooperativismo en la Argentina.

Posteriormente, durante la primera y segunda presidencia de Juan D. Perón la cooperativa es definida como unidad básica de la economía social, priorizándola en todas sus políticas productivas. Al tiempo que se dio relevancia a la enseñanza de la doctrina cooperativa. El 2 de mayo de 1973, se promulgó la actual Ley Argentina de Cooperativas Nº 20.337. A su vez, se estableció como Órgano de Aplicación (de la ley) para el movimiento cooperativo argentino al Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC)
que desde la sanción de la ley ha transitado distintas estructuraciones y en 2000 se transformó en el actual Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

El INAES, en tanto organismo encargado de la promoción, registro y fiscalización de las cooperativas y mutuales del país, ha estado abocado a la tarea de constituir estas nuevas cooperativas, pero también, a la tarea de fortalecerlas a través de la capacitación y educación integral.
La historia social argentina de la década del ’90, con la instauración del modelo neoliberal, dio como resultado la exclusión y la marginación de millones de trabajadores que pasaron a engrosar las filas del desempleo. La reacción de los sectores más afectados pronto se tradujo en la multiplicación de experiencias de economía social y emprendimientos populares.
Desde 2003, el Gobierno se propuso enérgicamente cambiar el modelo anterior, a través de la implementación de políticas públicas destinadas a consolidar una red de inclusión social y asegurar una mejor calidad de vida en el país.

En este contexto, el cooperativismo de trabajo ha servido para la formalización y consolidación
de puestos laborales de manera eficaz y democrática, así como para mantener la dignidad e identidad de miles de trabajadores que habían sido expulsados del sistema.
Amplios sectores de la población encontraron en el cooperativismo, a través de sus valores y principios, una forma de organización y la herramienta que les permite reconstruir su dignidad trabajadora a través del esfuerzo propio, el trabajo autogestionado y en equipo.