Resulta imperiosa una determinación tan grande como el problema que hay que enfrentar. La reconstrucción de la logística nacional destruida por el neoliberalismo, la participación directa de una empresa del Estado en la producción y la nacionalización del comercio exterior son medidas necesarias para redefinir el modelo económico nacional.

Rodolfo Pablo Treber

Resulta imperiosa una determinación tan grande como el problema que hay que enfrentar. La reconstrucción de la logística nacional destruida por el neoliberalismo, la participación directa de una empresa del Estado en la producción y la nacionalización del comercio exterior son medidas necesarias para redefinir el modelo económico nacional y acabar con los aberrantes absurdos del hambre, pobreza mayoritaria y desempleo en tierras de abundancia.

Vicentín y el agronegocio, un esquema de destrucción y saqueo.

A mediados del año 2020, la estafa expuesta de Juntos por el Cambio + Vicentín S.A. reveló, entre otras cosas, que desde hace muchos años el Estado ha relegado la administración del comercio exterior al dominio privado; específicamente al capital transnacional que posee el 80% de las operaciones (Cargill, COFCO, Archer Daniels Midland, Bunge y Dreyfus).

En ese momento, el poder ejecutivo nacional, decidió avanzar con la expropiación de la empresa con el objetivo de solucionar el impacto negativo que la quiebra produjo en el sector y contar con una empresa testigo, que facilite la regulación y control, en un área estratégica de la economía.

Pocos días después, luego de la presión ejercida por los actores dominantes del sector exportador, el mismo gobierno dio marcha atrás con la acertada decisión inicial, permitiendo el habitual procedimiento judicial en caso de quiebra. De esa manera, no solo dejó pasar la inmejorable oportunidad de regulación, sino que hizo oídos sordos y ojos ciegos ante el fraude ejercido, y pasó, de un intento de hacer justicia, a ser cómplice de la estafa que pagamos todos los argentinos a través del principal perjudicado financiero, el Banco de la Nación Argentina. Como si esto fuera poco, el camino judicial en curso conduce a empeorar la situación de falta de soberanía, ante la posibilidad concreta de extranjerización de la principal empresa del Grupo Vicentín en favor de Viterra (Grupo Glencore). Esto redunda en una mayor concentración de un mercado donde nuestro país pierde cualquier posibilidad de control sobre la evasión fiscal, las maniobras especulativas en el sector cambiario y la brutal fuga de capitales que se produce anualmente mediante subfacturación de exportaciones y tráfico ilegal de mercaderías.

Es importante remarcar que el Estado aún se encuentra ante la gran oportunidad de, a partir de la creación de una nueva empresa, contar con presencia en la cadena de valor de los alimentos para, además de evitar que queden impunes las maniobras de estos actores del poder económico, avanzar en decisiones estratégicas del Estado Nacional en relación a la regulación sobre los métodos de producción, el acopio y, a través del detalle de los costos operativos del sector, disponer de un control estricto sobre los márgenes de ganancias y los precios de los alimentos en el mercado interno.

Actualmente, el puñado de empresas extranjeras anteriormente citadas ostentan todo el poder de decisión sobre temas que afectan al conjunto del pueblo argentino. Lo ejercen a través de mantener una integración vertical, asegurándose cada parte, de la cadena de valor de los alimentos, desde la semilla transgénica, el fertilizante, el herbicida, la cosecha, el silo de origen y destino, los puertos, el transporte, la molienda, distribución y el flete marítimo para exportar la cosecha. Así, absorben a los más de 70 mil productores agrícolas en nuestro territorio, que, obligadamente, se acoplan a su política y reciben el asesino paquete tecnológico que les imponen.

La desregulación total en la producción y la logística del comercio exterior son los eslabones claves que les permiten a las empresas extranjeras profundizar este modelo, de envenenamiento y saqueo de riquezas de nuestro suelo, dado que son las herramientas que les permite la extracción de soja, maíz, algodón y todo tipo de alimentos sin control.

Desde el proceso de destrucción del Estado, que arrancó con la dictadura de 1976 y se profundizó en la última década del siglo XX, las empresas extranjeras gozan de gran libertad e impunidad, como el caso ejemplo de Cargill, que tiene su puerto privado en San Lorenzo y puede embarcar 30% de la carga de un granelero, sin declarar destino. Las empresas transnacionales, concentran su poder en la logística y, así, su voluntad se impone por encima del poder político con llamativa frecuencia, a pesar de la alternancia de gobiernos.

En cuanto al modelo productivo que imponen, el diseño tecnológico de la soja Roundup Ready (resistente al herbicida conocido como glifosato) se aplica para eliminar las malezas, pero su eficacia se ve reducida con el tiempo debido al desarrollo de tolerancia natural al producto. Esto genera que, con el transcurso del tiempo, las dosis de veneno aplicadas se tengan que incrementar para mantener su efectividad. Es decir, el modelo del paquete tecnológico que se prometía como una gran innovación y solución, es uno de uso incremental de agrotóxicos que inciden negativamente en la salud y el ambiente. Al mismo tiempo, el aumento de la producción en la agricultura no tuvo, tiene ni tendrá, un correlato en disminución del hambre, sino todo lo contrario, ya que los grupos que ejercen el control sobre los alimentos son los mismos dueños de la logística y, por lo tanto, definen su dirección en beneficio de la concentración de ganancias en sus casas matrices.

Modelo exportador o modelo de desarrollo. Desregulación y globalismo o trabajo nacional.

El agronegocio se encuentra enmarcado dentro del modelo exportador que se impuso en la política económica nacional mediante la dictadura cívico militar de 1976 y se profundizó en la liberal década del 90.

Con el objetivo de marcar el verdadero antagonismo, la verdadera grieta, en la historia argentina, hay que resaltar que antes de ese proceso (aún vigente) la Argentina producía bienes y servicios, principalmente, para su mercado interno, y exportaba sus excedentes de producción a fin de adquirir divisas para reinversión, desarrollo, como también para la compra al extranjero de los pocos bienes que no se producían localmente.

Ese modelo productivo que vino a destruir la dictadura militar, y los gobiernos democráticos que la sucedieron, se caracterizaba por ser una economía mixta: El Estado ocupaba los sectores estratégicos con el objetivo de garantizar la protección y fortaleza del mercado interno, donde el empresario privado se desarrollaba produciendo y generando trabajo genuino. A su vez, se trataba de un modelo agrícola, ganadero, pero sobre todo industrial, que hacia foco en el autoabastecimiento de la mayoría de bienes y servicios que el pueblo argentino consumía con el fin máximo de asegurar la independencia económica sobre la producción y moneda extranjera. De esta manera, se lograba que el conjunto de la población económicamente activa disponga de un trabajo formal, con un ingreso básico, jubilación, y derechos laborales asegurados.

Todo eso vino a destruir la dictadura y, a partir de la década del 90, se consolida el liberalismo colonial mediante privatizaciones, y cierres de fábricas, que excluyeron al Estado de su rol de planificador y regulador de la economía. Desde ese preciso momento, se libera el comercio exterior argentino al dominio transnacional y se adopta un perfil netamente agroexportador en detrimento del mercado interno y, por lo tanto, de la industria y el trabajo local.

Algunos datos que reflejan, rigurosamente, esta realidad:

Como se puede observar, hacia 1980, el monto de exportaciones era de 8,021 millones de dólares y pasados 41 años de esas políticas, aumentó casi 1000%, a 78,000 millones. Sin embargo, el enorme aumento de divisas no se tradujo en desarrollo económico y social, por el contrario, la apertura de importaciones ocasionó que la ocupación formal cayera de 77,4% a 43% de la población económicamente activa. Los resultados a la vista: Un gran aumento del ingreso de dólares, y una drástica caída del trabajo. Crecimiento de la concentración de riquezas y profundización del problema principal, la falta de empleo.

Sumado a esto, vale repetir que ese sector exportador, que dirige, acopia, distribuye y comercia la producción local, está compuesto en un 80% por compañías transnacionales.

Por todo lo expuesto, es que afirmamos que no hay un futuro posible de justicia social sin una protección de nuestro mercado interno y una política orientada a la industrialización para recuperar los puestos de trabajo perdidos. Para cumplir ese objetivo, y excluir a las transnacionales que fugan incesantemente las riquezas generadas en nuestro suelo, se precisa recuperar el rol histórico del Estado en los sectores estratégicos de la economía nacional.

En principio, resulta indispensable un Estado fuerte que administre el ahorro nacional, para contar con soberanía monetaria – financiera, y el comercio exterior, para ejecutar la decisión política. Banca multinacional, aduana privada, oligarquía extranjera y empresarios importadores nunca lo hicieron, ni lo harán, por sí solos.

Tenemos un enorme potencial si nos disponemos a emprender un proceso de industrialización que sume valor agregado a la producción actual y pueda sustituir el enorme caudal de importaciones vigentes. Contando con una población económicamente activa de 23,5 millones de argentinos, hay 4,7 millones de compatriotas que se encuentran sin tarea real en un país en el que está todo por hacerse.

La disyuntiva de fondo, la discusión que hay que dar y todos ocultan, es: Patria industrial o colonia empobrecida, no hay más alternativas.

Rodolfo Pablo Treber – Secretario político de Social 21 – Dirigente de Encuentro Patriótico – Analista económico – Trabajador del Banco Central de la República Argentina.